La respuesta es simple y triste. Porque no hemos aprendido nada en estos 25 años. Porque después de 80 kilómetros de cauces afectados, 4.600 hectáreas envenenadas, caladeros de pesca cerrados por contaminación de cadmio, zinc, cobre y arsénico, siete millones metros cúbicos de lodos retirados, más de 30 toneladas de animales muertos, acuíferos altamente contaminados, batir el récord mundial de concentración de metales pesados en aves acuáticas, 5.000 empleos perdidos, 46.200 habitantes afectados y 11 millones de euros de pérdidas económicas, podemos vivir la misma historia en Riotinto.

La brecha que se produjo en el muro de la balsa minera de Aznalcóllar, de 50 metros de longitud por 30 de altura, permitió el vertido de siete millones de metros cúbicos de lodos y aguas tóxicas al río Guadiamar poniendo en peligro el ecosistema de Doñana y desestabilizando el desarrollo de la economía agrícola y pesquera de la vega del Guadiamar y del estuario del Guadalquivir.

La empresa, Boliden Apirsa, jugó con nuestro futuro y tomó el pelo a las administraciones. A día de hoy, ni la Junta de Andalucía ni el Ministerio para la Transición Ecológica han recuperado el coste de las labores de limpieza y recuperación de los espacios afectados.  Boliden no ha pagado ni un sólo euro todavía. Es una táctica común de las empresas mineras. Será la justicia quien decida, 25 años después, si tienen que asumir los costes de la catástrofe que causaron.