La respuesta es simple y triste. Porque no hemos aprendido nada en estos 25 años. Porque después de 80 kilómetros de cauces afectados, 4.600 hectáreas envenenadas, caladeros de pesca cerrados por contaminación de cadmio, zinc, cobre y arsénico, siete millones metros cúbicos de lodos retirados, más de 30 toneladas de animales muertos, acuíferos altamente contaminados, batir el récord mundial de concentración de metales pesados en aves acuáticas, 5.000 empleos perdidos, 46.200 habitantes afectados y 11 millones de euros de pérdidas económicas, podemos vivir la misma historia en Riotinto.

La brecha que se produjo en el muro de la balsa minera de Aznalcóllar, de 50 metros de longitud por 30 de altura, permitió el vertido de siete millones de metros cúbicos de lodos y aguas tóxicas al río Guadiamar poniendo en peligro el ecosistema de Doñana y desestabilizando el desarrollo de la economía agrícola y pesquera de la vega del Guadiamar y del estuario del Guadalquivir.

La empresa, Boliden Apirsa, jugó con nuestro futuro y tomó el pelo a las administraciones. A día de hoy, ni la Junta de Andalucía ni el Ministerio para la Transición Ecológica han recuperado el coste de las labores de limpieza y recuperación de los espacios afectados.  Boliden no ha pagado ni un sólo euro todavía. Es una táctica común de las empresas mineras. Será la justicia quien decida, 25 años después, si tienen que asumir los costes de la catástrofe que causaron.


«Ni la Junta de Andalucía ni el Ministerio para la Transición Ecológica han recuperado el coste de las labores de limpieza y recuperación de los espacios afectados»

En el caso de Aznalcóllar, la administración permitió a Boliden recrecer los muros de contención de la presa con materiales inadecuados y así ahorrar costes. Y la situación se repite en Riotinto, donde las balsas de residuos mineros están a punto de colapsar según dicen los informes técnicos. La empresa, Atalaya Mining, quiere doblar el tamaño de las balsas para albergar 30 veces el volumen de tóxicos vertidos en el desastre de Aznalcóllar. Y ello a pesar de que informes científicos avisan de que las probabilidades de que las balsas de Riotinto no aguanten es del 95%, lo que provocaría un desastre diez veces superior al de Aznalcóllar. Y también a pesar de que las actuales balsas tienen filtraciones, como hemos documentado desde Greenpeace. Una situación que está a la vista de todos, pero a la que nadie le pone remedio. Las organizaciones ecologistas pedimos que esto se controle, pero parece que nadie nos hace caso. Como en Aznalcóllar hace 25 años. Y, por desgracia, conocemos el final de esta historia. 

En los dos casos hay un denominador común: la actuación negligente de las administraciones. La Junta de Andalucía, por acción u omisión, consintió en Aznalcóllar, que fue el relato perfecto de una catástrofe anunciada, y permite ahora en Riotinto irregularidades que dejan secuelas durante décadas. 

«La Junta de Andalucía consintió en Aznalcóllar y permite ahora en Riotinto irregularidades que dejan secuelas durante décadas.»

La empresa debe pagar los costes

Desde Greenpeace consideramos que en el caso de Aznalcóllar, la multinacional sueca Boliden debe hacerse cargo de una vez del 100% de los costes ambientales y sociales asociados al vertido. Deben aprobarse normas internacionales, y especialmente en la Unión Europea, que garanticen la responsabilidad plena de las compañías mineras por los daños causados a las personas y al medio ambiente en el momento del accidente y posteriormente. 

En el caso de la gestión minera en Andalucía, es imprescindible que cumpla con todos los requisitos medioambientales vigentes, garantizando que exista el menor impacto ambiental y se eviten riesgos tanto para la salud como para el medioambiente. 

Vigilancia extrema de las filtraciones

A la Junta de Andalucía le pedimos que paralice la aprobación de los permisos de recrecimiento de las balsas de Cobre y Aguzadera, hasta que Atalaya Mining cumpla con los objetivos de densificación de lodos. Y que la vigilancia, especialmente de las filtraciones de las balsas de residuos, sea extrema.

Además, resulta prioritario que el Gobierno central prohiba las explotaciones mineras en las zonas de alto valor ecológico o cercanas. También debe establecer estándares en el uso eficiente de las materias primas y su reciclaje para poder replantearse la necesidad de ciertas minerías, dado el alto grado de destrucción ambiental que la minería genera. 

No podemos esperar a que pase otra catástrofe, ni otros 25 años. Estamos hartas de echarnos a temblar. 

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