El Juzgado de Instrucción ha admitido a trámite la querella presentada contra el exalcalde de La Adrada, Roberto Aparicio Cuéllar, por su presunta responsabilidad en la interrupción ilegal del suministro de alumbrado público en la urbanización La Picota Fase D. Los vecinos afectados denuncian que la medida, adoptada en enero de 2021, violó sus derechos, puso en riesgo su seguridad y ocasionó un perjuicio económico y moral significativo.
El conflicto se remonta al 7 de enero de 2021, cuando el entonces alcalde ordenó el corte del suministro eléctrico en la urbanización, argumentando problemas técnicos en las farolas. No obstante, los vecinos aseguran que el alumbrado público había sido suministrado y financiado por el Ayuntamiento durante más de 30 años, y que nunca se les había requerido asumir los costos ni la gestión del servicio.
A pesar de múltiples solicitudes y reclamaciones, el Ayuntamiento se negó a restablecer la luz, alegando que los propietarios debían hacerse cargo de su mantenimiento. Esta decisión dejó a decenas de familias en la oscuridad durante más de dos años y siete meses, hasta que el nuevo equipo de gobierno municipal restituyó el servicio en julio de 2023.
Los vecinos denunciaron que la falta de alumbrado público incrementó la inseguridad en la zona, dificultó la movilidad nocturna y expuso a los residentes a un mayor riesgo de accidentes, robos y actos vandálicos. Además, algunos afectados tuvieron que invertir en sistemas de iluminación privados, generando un gasto económico adicional que no les correspondía asumir.
Ante la negativa del exalcalde a solucionar el problema, los vecinos llevaron el caso a los tribunales. En junio de 2023, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ávila falló en contra del Ayuntamiento, determinando que la decisión de cortar el suministro eléctrico no era conforme a derecho y debía anularse. La sentencia obligó al consistorio a restablecer el alumbrado público, asumir los costes y realizar las adaptaciones necesarias para garantizar el servicio en condiciones de seguridad y calidad. Además, impuso las costas procesales al Ayuntamiento.
La querella presentada contra Roberto Aparicio Cuéllar incluye acusaciones por prevaricación administrativa, falsedad documental, estafa procesal y cohecho. Se le imputa un delito de prevaricación administrativa por dictar una orden arbitraria e injusta sin base legal, al ordenar el corte de suministro sin un procedimiento administrativo adecuado. También se le acusa de falsedad documental, al manipular presuntamente un certificado de inspección eléctrica, falsificando el nombre de un vecino, Ignacio Arroyo, haciéndolo aparecer como titular del alumbrado público para justificar la retirada del servicio.
Los vecinos también sostienen que el exalcalde incurrió en un delito de estafa procesal, al presentar documentación presuntamente falsa ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con el objetivo de hacer creer que el alumbrado no era público, influyendo así en la resolución de las medidas cautelares solicitadas. Asimismo, la querella señala un posible delito de cohecho, al detectarse un posible beneficio económico indebido. En concreto, se denuncia que el presupuesto para la reparación del alumbrado, presentado por la empresa Humalectri S.L., propiedad del cuñado del entonces alcalde, Alfredo Pol Saugar, ascendía a 30.290,80 euros, mientras que el coste real de los trabajos ejecutados fue de solo 4.253,15 euros, una diferencia de más de 25.000 euros.
Los vecinos intentaron por diversas vías que el Ayuntamiento solucionara la situación. En primer lugar, solicitaron directamente al consistorio la restitución del alumbrado, pero recibieron respuestas evasivas y negativas reiteradas. Posteriormente, recurrieron al Procurador del Común de Castilla y León, que en noviembre de 2021 emitió un requerimiento formal al Ayuntamiento instándolo a restaurar el servicio eléctrico. Sin embargo, el entonces alcalde hizo caso omiso a la resolución.
Los afectados también denunciaron que se les exigió pagar 30.290,80 euros para restablecer el servicio, a pesar de que la urbanización carecía de una comunidad de propietarios formalmente constituida. Ante la falta de respuesta, acudieron a la vía judicial, donde finalmente obtuvieron un fallo favorable en junio de 2023.
Los querellantes han solicitado la investigación de los hechos y del destino del dinero exigido a los residentes, la condena del exalcalde por los delitos mencionados y una compensación de 20.000 euros por daños morales. También han solicitado la imposición de costas procesales a Roberto Aparicio Cuéllar.
La admisión a trámite de la querella abre la puerta a un proceso judicial que podría sentar un precedente en la gestión de los servicios públicos por parte de las administraciones locales. De confirmarse las acusaciones, el exalcalde podría enfrentarse a penas de inhabilitación y sanciones económicas, además de responder por los perjuicios ocasionados a los vecinos.
El proceso judicial sigue en marcha y se espera que en las próximas semanas se definan las diligencias a seguir.