Se ha procedido a presentar denuncia ante la inspección de trabajo y seguridad social de Ávila por una presunta irregularidad de la empresa Sacyr Social referente a la entrega de equipos de protección individual a las auxiliares del servicio de ayuda a domicilio.
En concreto se ha puesto en conocimiento de la inspección que se las están entregando mascarillas quirúrgicas para realizar su trabajo que no disponen presuntamente de los marcadores con la homologación europea imprescindibles.
Referente a la entrega de mascarillas FFP2 igualmente no se ha podido constatar por nuestro sindicato que el material entregado a las trabajadoras disponga de ningún marcador de homologación europea, para que puedan ser consideradas como equipos de protección.
En el apartado de guantes tampoco encontramos marcador CE adecuado al uso que las trabajadoras deben dar a este material.
Las batas de un solo uso tampoco disponen a nuestro modo de entender de homologación para su uso como equipos de protección.
Del mismo modo no tenemos constancia de que se estén realizando los exámenes médicos establecidos en la normativa de aplicación, no se les realiza la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo ya según establece el Art. 22 de la Ley 31/95, la actividad de la empresa está recogida dentro del listado del ANEXO I ACTIVIDADES ESPECIALMENTE PELIGROSAS REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. “Los reconocimientos son obligatorios cuando sean imprescindibles para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores”.
Igualmente, el Comité de Seguridad y Salud expone que no se les informa por parte de la empresa de las bajas y accidentes laborales que suceden en la empresa a fin de dar cumplimiento en la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales respecto a la colaboración entre empresa y Comité de Seguridad y Salud.
En conclusión, entendemos que la empresa no está haciendo nada de lo que debe para proteger a las trabajadoras. No encontramos en lo que deberían ser equipos de protección individual homologación alguna que nos haga confiar en que las trabajadoras están siendo realmente protegidas contra el covid, lo que a estas alturas nos causa una enorme preocupación.
No habiendo actualmente ningún problema de desabastecimiento en el mercado de estos productos, todo nos indica que la falta de medidas de protección solo se puede explicar por una mala práctica empresarial basada en querer ahorrar dinero a costa de la salud de las trabajadoras.
Lo más preocupante de todo este asunto es que la Diputación Provincial de Ávila es la que debería garantizar como responsable de la adjudicación del contrato que esta empresa cumple con la ley de prevención de riesgos laborales y ni lo está haciendo ni parece impórtale lo más mínimo.
Como Diputación sería responsable solidaria de todo lo que estuviera haciendo esta empresa podría recibir una sanción que encima tuvieran que pagar todos los ciudadanos de la provincia de Ávila, salvo que se derivara alguna responsabilidad penal en cuyo caso se tendría que asumir directamente por la Diputada de Servicios Sociales o por el Presidente.
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