ÁVILA #PP #MEDIOAMBIENTE:El Grupo Provincial del PP se muestra contrario a que el lobo sea declarado “especie especialmente protegida”

 

• Conceder a esa especie la categoría de especial protección supondría “la proliferación de ataques masivos al ganado en esas zonas”, lo que afectaría “gravísimamente a la actividad ganadera”, señalan.

10, febrero, 2021.- El Grupo Provincial del PP en la Diputación de Ávila llevará al próximo Pleno una moción para instar al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico a “renunciar a cambiar el estatus del lobo al norte del río Duero, de manera que no sea catalogado como especie especialmente protegida y se pueda seguir controlando su población para que afecte lo menos posible a la ganadería extensiva”, en palabras de J. Carlos Sánchez Mesón, portavoz de los populares en la Institución provincial.

Aprobar ese nuevo estatus para el lobo supondría “la proliferación de ataques masivos al ganado en esas zonas”, lo que afectaría “gravísimamente a la actividad ganadera y, con el tiempo, dificultaría la permanencia de la población en esas zonas al ver mermado su sustento”, argumenta Sánchez Mesón. “El Ministerio de Reto Demográfico estaría faltando a su propia denominación, pues debe velar por el asentamiento poblacional en el medio rural”, recalca.

El Grupo popular en la Diputación cifra las pérdidas que el lobo ocasiona en la provincia de Ávila en “unos cinco millones de euros al año, con casi 1.600 reses atacadas en 2020. Este es un problema abulense, pero también de toda Castilla y León y de otras autonomías, por lo que nos parece un despropósito que el Ministerio tenga esa intención de proteger al lobo al norte del Duero”. El portavoz del PP apunta, para finalizar, al “choque que ya se ha producido entre ese Ministerio y el de Agricultura”.

El Grupo Provincial Popular ya trasladó, mediante otra moción aprobada en Pleno, la propuesta de que el lobo pudiera ser considerado especie cinegética al sur del Duero, donde se produce el 87% de los ataques al ganado con el 15% de población en Castilla y León. Sin embargo, la normativa europea impide cualquier modificación de ese tipo.