En primer lugar, Izquierda Unida Ávila manifiesta su solidaridad con el conjunto del pueblo de Ceuta y con todas las personas que viven en la ciudad, independientemente de su origen o nacionalidad. La situación vivida desde el pasado 30 de julio es de enorme gravedad y exige una respuesta política e institucional a la altura, basada en la defensa de la soberanía, los derechos humanos, la solidaridad y la cooperación entre administraciones.
Nuestra solidaridad con Ceuta es inequívoca. Pero también lo es nuestra defensa de los derechos de las personas migrantes, refugiadas, solicitantes de protección internacional y, especialmente, de los niños y niñas sin protección familiar.
No existe contradicción entre ambas posiciones. Defender Ceuta y defender los derechos humanos forman parte de una misma respuesta democrática.
Debemos recordar especialmente a las 141 personas que han perdido la vida intentando cruzar la frontera. Sus muertes representan un fracaso colectivo en la falta de reconocimiento a una tragedia humana de esta envergadura, con un responsable claro: el gobierno de Marruecos que desprecia la vida de quienes debe proteger. Estas muertes obligan a situar la vida, la dignidad y los derechos humanos en el centro de cualquier política migratoria y a alzar la voz frente al silencio institucional de personas que merecen recuerdo y dignidad.
Desde esta organización condenamos con firmeza la utilización de las personas migrantes como instrumento de presión política o geopolítica. Las personas migrantes, refugiadas, solicitantes de protección internacional y los menores sin protección familiar no pueden convertirse en herramientas al servicio de los intereses de ningún Estado.
Lo ocurrido en Ceuta obliga a señalar la responsabilidad de Marruecos. Por lo que, Izquierda Unida reclama al Reino de Marruecos el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, el respeto de los derechos humanos y el abandono de cualquier estrategia que utilice los movimientos migratorios como mecanismo de presión sobre España. Hay que confrontar con quien utiliza a las personas migrantes, no con las propias personas migrantes.
Defender los derechos humanos no significa aceptar presiones exteriores ni renunciar a defender los intereses y la soberanía de España.
La situación de Ceuta vuelve a demostrar las enormes contradicciones y el fracaso de la política de externalización de fronteras desarrollada durante años por la Unión Europea. Izquierda Unida lleva tiempo advirtiendo de que Europa no puede delegar el control de sus fronteras exteriores en terceros países con intereses propios y sin garantías suficientes de respeto a los derechos humanos. Europa necesita una política migratoria propia basada en los derechos humanos, la solidaridad, la responsabilidad compartida y unas políticas públicas de acogida que no conviertan a terceros países en guardianes de nuestras fronteras.
Frente a esta situación, el Partido Popular y Vox muestran una defensa selectiva de la soberanía, utilizando la situación de Ceuta para atacar al Gobierno español, pero sin mostrar la misma contundencia frente a quienes ejercen presiones sobre nuestro país.
No se puede reivindicar permanentemente la soberanía nacional y guardar silencio cuando determinadas injerencias o condicionamientos exteriores afectan a España. Tampoco se puede convertir a las personas migrantes en responsables de una crisis de la que son, en buena medida, víctimas.
La respuesta de la derecha consiste nuevamente en señalar al eslabón más débil mientras evita abordar las responsabilidades políticas y geopolíticas de fondo.
Izquierda Unida defiende la soberanía de nuestro país sin convertir el racismo, la xenofobia o la vulneración de derechos humanos en instrumentos políticos.
Para Izquierda Unida Ávila, defender España significa defender su soberanía, pero también la democracia, la convivencia, la solidaridad y la dignidad y los derechos de todas las personas.
La solidaridad con Ceuta tiene que traducirse en hechos, recursos y corresponsabilidad. La situación no puede recaer exclusivamente sobre una ciudad que, por sus características territoriales y fronterizas, soporta una presión extraordinaria. La respuesta debe ser compartida entre el Gobierno de España, las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla y las entidades locales.
Ninguna comunidad autónoma puede desentenderse y ninguna ciudad puede afrontar en solitario una responsabilidad que corresponde al conjunto del Estado. Por todo ello, rechazamos el uso partidista de la FEMP que está haciendo el Partido Popular, rechazando los términos en los que está convocando a través de la Federación Española de Municipios y Provincias las concentraciones en apoyo al pueblo de Ceuta.
Una situación de esta trascendencia requiere diálogo, cooperación institucional y una posición común; no alentar el odio hacia el más vulnerable.
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