Ante la inminente llegada del verano y el consiguiente comienzo de la campaña de extinción de incendios forestales, la Federación de Servicios Públicos de UGT, quiere hacer pública la situación actual en la que se encuentra el colectivo de Agentes Medioambientales en la provincia de Ávila, con mucha diferencia la provincia peor parada de toda nuestra Comunidad, tras la precaria política forestal llevada a cabo por la Junta de Castilla y León durante las últimas décadas.
El colectivo de Agentes Medioambientales, funcionarios de la Consejería de Medio Ambiente, ostentan la condición de Agentes de la Autoridad y el carácter de Policía Judicial en sentido genérico, tienen encomendadas entre otras, las funciones principales de Jefes de Extinción del Operativo en los niveles 0 y 1, dentro del Plan de Protección Civil de Castilla y León (INFOCAL), así como la redacción de los Informes de Investigación de Causas de incendios forestales, según la normativa y legislación vigente.
Dicho colectivo, tras años de desidia de la Junta de Castilla y León, en los que no se convocaron procesos selectivos entre los años 2009 y 2020, sumando el continuo goteo de jubilaciones de dichos empleados públicos y tras la resolución del esperado concurso de traslados, ha dejado la plantilla de Agentes Medioambientales en mínimos históricos en la provincia de Ávila, los datos son los siguientes:
Puestos de Agentes Medioambientales en RPT: 117
Puestos Ocupados: 75 (64%)
Puestos Vacantes: 42 (36%)
De estos 75 Agentes en activo tan solo 57 hacen guardias de incendios, habiendo comarcas forestales, como es el caso de Arévalo o Piedrahita, donde solo hay 2 Agentes disponibles para hacer 119 guardias en la época de peligro alto, por ejemplo.
Tras la publicación de la orden anual de incendios donde se refleja el número de guardias a realizar por estos agentes, los datos son demoledores, es imposible con la plantilla actual poder hacer unos calendarios de trabajo cumpliendo la normativa e instrucciones remitidas por la Consejería de Medio Ambiente.
En dicha Orden se determina que el colectivo de Agentes Medioambientales debe realizar 2338 guardias de incendios con tan solo 57 Agentes disponibles, dando como resultado 42 guardias por Agente, cuando el número máximo de guardias legalmente establecido por agente son 30.
Estos datos reflejan la realidad actual de este colectivo de funcionarios imprescindibles dentro del operativo de extinción de incendios, ante esta situación, este sindicato se pregunta: ¿qué opciones tiene previstas la Junta de Castilla y León para solucionar este tremendo problema que año tras año se hace más evidente?
A corto plazo hay escasas soluciones:
La Administración Regional ha sido incapaz de resolver el único proceso selectivo para cubrir 92 plazas de Agentes para toda la Comunidad que se convocó en julio de 2020 y que dos años después está sin resolver ¿se necesitan dos años para resolver unas oposiciones?
La bolsa de contratación de Agentes interinos está agotada en nuestra provincia, ¿nadie se ha molestado en solicitar una nueva convocatoria para una nueva bolsa de empleo?
¿Invitarán a los Agentes a que hagan guardias en comarcas diferentes a la suya, como viene siendo costumbre, tratando la emergencia civil de un incendio forestal, como si fuera un juego? Ningún Agente debería hacer guardias de incendios en una comarca forestal que no conoce, está poniendo en riesgo la vida de muchas personas.
La única solución está clara, será imposible cubrir ese número de guardias con la plantilla actual de Agentes e irremediablemente se perderán, y con ello el pagano será nuestro medio rural y más concretamente nuestros montes.
Pero toda esta situación no es nueva, UGT viene denunciando esta problemática desde hace muchos años a través del órgano de representación de funcionarios como es la Junta de Personal, registrando informes y quejas tanto al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila como a la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal en los Servicios Centrales de Valladolid, haciendo éstos caso omiso a nuestras reivindicaciones.
Tras el infierno vivido el verano pasado en los montes de nuestra provincia donde se quemaron más de 30.000 hectáreas de suelo forestal, tanto el Consejero de Fomento y Medio Ambiente como el propio Presidente de la Junta de Castilla y León hicieron en varias ocasiones declaraciones, promesas y buenas intenciones, asegurando que el incendio de la Paramera marcaría un “punto de inflexión en la política forestal de Castilla y León, comprometiéndose a una mejora integral del operativo”.
Pues un año después así nos encontramos, con el verano a la vuelta de la esquina y con unas previsiones nada halagüeñas, el operativo de incendios en nuestra provincia cuenta con menos empleados públicos, sin ninguna mejora de las prometidas encima de la mesa y sin aumento del presupuesto para mejorar tanto los medios materiales como humanos de dicho operativo.
Un verano más nuestra provincia pedirá auxilio a las Comunidades vecinas, a mamá UME y papá Ministerio de Medio Ambiente, para que nos ayuden a salir del atolladero causado por la lacra de los incendios forestales, un verano más la Administración ninguneará a sus empleados públicos, aprovechándose de su buen hacer y de su inmensa predisposición para arrimar el hombro.
Desde la FSP de UGT de Ávila, queremos reivindicar que con la salud de los trabajadores no se juega por lo que pedimos que desde la Junta de Castilla y León se pongan todos los medios y recursos necesarios para la máxima protección de sus empleados públicos frente a la emergencia civil de los incendios forestales.
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