De cuando en cuando surgen debates públicos que tienen la virtud de desenmascarar no solamente las graves contradicciones que existen en nuestra sociedad, sino también la incongruencia de las posiciones que defienden las organizaciones que dicen representar a la mayoría trabajadora. La cuestión de la renovación o no de los conciertos sanitarios para los funcionarios a través de MUFACE, MUGEJU e ISFAS es uno de esos debates y me parece oportuno dedicarle unas líneas.
No me cabe duda de que a muchos lectores les suena muy lejano eso del mutualismo administrativo y hasta es posible que se hayan enterado ahora de que ciertos cuerpos de funcionarios tienen la posibilidad de elegir entre recibir la atención sanitaria a través del sistema público o a través de varias empresas aseguradoras privadas. Es precisamente el convenio con esas aseguradoras lo que está ahora en el candelero. Su renovación está siendo problemática porque Estado y aseguradoras no se ponen de acuerdo en cuánto dinero debe aportar el primero a las segundas por cada uno de esos funcionarios que optan por la atención privada.
La existencia de MUFACE, MUGEJU e ISFAS es un anacronismo que hoy no tiene ningún sentido. Que en el pasado existieran notables diferencias entre la cobertura sanitaria que recibían los funcionarios y otros trabajadores, cuando no existía un régimen de seguridad social generalizado, no justifica hoy su continuidad, cuando todo ciudadano tiene reconocido el derecho a las mismas prestaciones sanitarias. Es más, suena incluso perverso que, en un momento en que se constata un empeoramiento general de ese sistema sanitario público y un auge de las clínicas privadas, el Estado mantenga el régimen de concierto sanitario para parte de sus empleados. Sobre todo, porque es el Estado, en sus expresiones nacional y autonómicas, el responsable de ese empeoramiento de la sanidad pública.
El debate sobre MUFACE y demás es, en realidad, el debate sobre la penetración del capital privado en los servicios públicos y el papel del Estado en ello. En contra de lo que piensa la socialdemocracia, el Estado no es garante de nada, sino promotor del desmantelamiento de los servicios públicos para ofrecer nuevos espacios de rentabilidad al capital privado.
También es el debate, necesario, sobre la tramposa defensa de los servicios públicos que se hace desde ciertos sectores políticos y sindicales, sobre el corporativismo y sobre la tremenda confusión que existe entre derechos y privilegios.
En lo concreto, el papel que están jugando las principales organizaciones sindicales del sector público es para enmarcar. No parece muy coherente participar en plataformas por la escuela pública y contra los conciertos educativos mientras se defiende y promueve el mantenimiento de conciertos sanitarios para una parte de tus afiliados. Pero disfrazarlo de derecho adquirido es ya el colmo de la desvergüenza. En los sindicatos que dicen ser «de clase», la ambigüedad con que se está enfocando esta cuestión es directamente criminal, no solamente por lo poco «de clase» que es defender los conciertos sanitarios (y de todo tipo), sino por la miserable posición de subordinación al Gobierno de coalición socialdemócrata que demuestran cuando piden «responsabilidad» a unos y otros para «lograr un nuevo concierto lo antes posible». De vergüenza.
Ástor García es Secretario General del PCTE
