IZQUIERDA UNIDA ÁVILA SE POSICIONA A FAVOR DEL NUEVO PROCESO DE REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIO

 

Izquierda Unida Ávila muestra su apoyo a esta medida de gestión, ya que reconoce y dignifica a nuestras vecinas y vecinos.

Esta nueva regularización, reducirá situaciones de discriminación y abusos, que sufren muchas personas, en cuanto a derechos, tales como empleos dignos, viviendas habitables y servicios públicos en general.

Nos unimos en las declaraciones, de la CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, en tanto que esta medida, va a reducir el número de personas inmigrantes que se encuentran en situación de riesgo de exclusión social. Es trascendental, cuando tratamos este tipo de noticias, darnos cuenta de que no hablamos de números sino de personas, que cada día sufren las consecuencias de su irregularidad, pero que a su vez ya están aportando en el crecimiento demográfico, económico y cultural.

Según el Informe sobre la Realidad Migratoria en España: Prioridades para las políticas públicas, elaborado por el Consejo Económico y Social (CES), del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 8 de cada 10 personas llegadas a España se han incorporado a la población activa a lo largo de este siglo. Y Eduardo Abad, presidente de la UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), que sin la aportación de los autónomos extranjeros, el RETA estaría en retroceso y la Seguridad Social en una situación mucho más comprometida.

2025 cerró con más de 3,1 millones de personas extranjeras afiliadas a la Seguridad Social, en máximos históricos. Representan ya el 14,1% de los cotizantes, con un crecimiento sostenido en sectores clave y también en el trabajo autónomo.

Estas afiliaciones son sobre todo en sectores como la agricultura, la hostelería, la construcción y los cuidados, sectores que habitualmente tienen difícil cobertura, por la población nacional.

“No existe el efecto llamada”

Además, a pesar de lo que nos quieran hacer creer otros partidos, no existe “el efecto llamada”, pues hay un marco temporal fijo y claro, con una fecha de corte definida y un plazo cerrado de solicitudes, en el que marca que las personas deben encontrase en España antes del 31 de diciembre de 2025.

Y por supuesto, ésta no es una medida “con fines electorales”, pues esas personas conseguirán su regularización, pero no su nacionalidad. Es decir,  esta medida no conlleva poder votar, ni en las elecciones autonómicas, pero tampoco en las próximas generales ni en las municipales, previstas para 2027.