En diciembre se implantó en las capitales de provincia la nueva estructura que elimina los Juzgados tal como los conocíamos y los cambia por Servicios Comunes Procesales.
Ávila, 2 de febrero de 2026.
Tras un mes de funcionamiento de la nueva estructura interna de los órganos judiciales, desde UGT Justicia se denuncia la caótica situación de las nuevas estructuras de personal que prestan servicio a las autoridades judiciales.
Los problemas detectados ya se han denunciado a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por si pudiesen tener algún acomodo en forma de sanción al Ministerio de Justicia. Algunos de los defectos que UGT ha detectado entre el personal funcionario de los Cuerpos de la Administración de Justicia y Letrados de la Administración de Justicia son: Nuevos puestos de trabajo y nuevas tareas: se ha reorganizado a todo el personal, de todos los Cuerpos funcionariales y se les han adjudicado a todas estas personas nuevas tareas. Ello supondrá ralentizar durante meses el funcionamiento de la estructura, mientras cada persona se actualiza a sus nuevas funciones.
Nuevas aplicaciones informáticas: se ha cerrado la posibilidad de operar con una herramienta ya obsoleta, la aplicación Minerva. Se ha puesto en funcionamiento una nueva aplicación, Atenea, sin la suficiente cobertura y asistencia. Los ordenadores se colapsan, las líneas se caen, los teléfonos no funcionan… La Ley que ha reformado todas las normas de procedimiento dentro de los juzgados entró en vigor hace un año, y las aplicaciones aún no están todas adaptadas a las nuevas denominaciones y trámites.
Hay una miríada de aplicaciones a utilizar: Atenea, Acceda, Siraj, Escace, Punto Neutro, Dicireg, Inforeg, eFidelius, Horus, Ainoa, Agenda, … que no siempre están coordinadas entre sí ni con las aplicaciones con que se trabaja en algunas Comunidades Autónomas (es casi un milagro cuando se logra hacer una videoconferencia “a tres bandas”). Podríamos enumerar hasta otras veinte aplicaciones informáticas.
Ausencia de Formación y de adaptación: el Ministerio no ha previsto la posibilidad de formación presencial en los nuevos puestos y aplicaciones. De hecho, en junio de 2025 terminó el contrato con la empresa que proporcionaba formación constante en cada puesto de trabajo. Ahora la única posibilidad son videos descargables, manuales en pdf y consultas a una centralita telefónica. Y la adaptación al nuevo puesto de trabajo consistió en… “esto es lo nuevo que tienes que hacer”, desde el día 1 de enero.
Personal Insuficiente: ya desde meses antes de la implantación de la nueva estructura se informó al Ministerio de Justicia de la cobertura insuficiente de personal en numerosos puestos de trabajo. El Ministerio, hasta el día 12 de enero no se ha decidido a nombrar personal interino. Pero aun con algunos nuevos nombramientos de personal, existen carencias. Por ejemplo, el Registro Civil de Ávila ha pasado de tener cinco personas (una Letrada y cuatro funcionarios/as) a tener cuatro personas (una Letrada y tres funcionarios/as) y, en este caso, varias personas sin experiencia previa en Registro Civil.
Un gran déficit de personal se encuentra en el Personal Laboral, donde deberían existir dos
Equipos Psicosociales o Equipos Técnicos (que asisten al Fiscal y Juez de menores presuntos infractores). Pero desde hace un año, sólo hay personal en un único Equipo Técnico de menores, que no tiene posibilidad de atender otras funciones no cubiertas por el otro Equipo (dedicado a cuestiones de Familia, Violencia de Genero, pericia psicosocial, etc.). Y, para mayor escarnio, se intenta que personal del único Equipo existente en la provincia, dé asistencia al
Equipo de la provincia de Segovia (igual de maltratada por el Ministerio, a lo que se ve). Ahora, el Ministerio anuncia la creación de 500 nuevas plazas judiciales (ninguna en Ávila), pero no anuncia la creación de plazas del resto de personal que trabaja con los/as jueces. Desde UGT calculamos que por cada autoridad judicial es necesaria una plantilla de más de ocho funcionarios/as del resto de categorías.
Riesgos Laborales: en 2024 se hizo una Evaluación de Riesgos Laborales, de la que aún no se conocen los resultados (nuestro delegado de Prevención los pedido reiteradamente). UGT ha solicitado una nueva Evaluación de Riesgos, pues muchas de las nuevas ubicaciones de puestos de trabajo, a todas luces no cumplen con la normativa (esa que sí se exige rigurosamente a las empresas, pero no a la propia Administración). No existe un plan de conocimiento de las Cargas de Trabajo. Tampoco está actualizado el plan de Evacuación, que se instauró en 2015, pero ya no hay señalización correcta de evacuación; las personas encargadas de dirigir la evacuación ya están jubiladas o ya no trabajan en el edificio de los juzgados, hay un nuevo juzgado creado después de aquel plan de Evacuación y nuevos lugares de trabajo… Y todo ello, incumpliendo los propios protocolos de actuación del Ministerio.
Los profesionales de la abogacía y la procura, los jueces y magistrados/as, letradas de la Administración de Justicia, personal funcionario… y todos los administrados que acuden pidiendo auxilio a los Juzgados se van a encontrar con que nadie le puede explicar dónde están los procedimientos, en qué estado está “su” asunto.
Si la intención del Ministerio era aligerar o acelerar la Justicia y reducir los tiempos de duración de los pleitos, el camino empleado es incorrecto. La situación irá a peor. Pero… lo triste es que el ciudadano ya no espera diligencia en la Justicia, simplemente espera, con resignación. Si la intención era la de ahorrar dinero, será a costa de una peor administración de justicia a las ciudadanas y ciudadanos. Una injusticia.
Desde UGT Ávila, se han solicitado reuniones con los órganos correspondientes del Ministerio de Justicia en Madrid, para intentar solucionar muchas de estas cuestiones: si se aumenta el número de plazas judiciales, que se aumenten proporcionalmente el número de funcionarios/as; que se estudien las cargas de trabajo (número de escritos que entran cada día a una persona y número de asuntos que soluciona) y se actúe en proporción contratando más personal; que se den instrucciones homogéneas de actuación (antes, en cada juzgado, se sabía cómo cada autoridad judicial quería realizar su tramitación; ahora… cada funcionario/a debe inventar ante cada documento una forma de trabajar) y que se encarguen tareas adecuadas a cada categoría profesional, cosa que actualmente no se cumple; que se cumpla con las normas de riesgos laborales…
No hay comentarios:
Publicar un comentario