El Movimiento Feminista de Ávila denuncia la violencia institucional que impregna todo el sistema y exige mayores garantías para las víctimas de violencia de género
En relación a la publicación en EFE Feminista del caso de Romina, extrabajadora de la empresa abulense Nagami Design S.L.; desde el Movimiento Feminista de Ávila queremos expresar nuestra más absoluta condena a la vulneración de derechos fundamentales a la que se vio sometida Romina, al enfrentarse a un despido sin causa justificada por parte de dicha empresa.
La empresa Nagami Design S.L. era conocedora de la situación de violencia de género que estaba atravesando la trabajadora. En este contexto, el artículo 53.4 del Estatuto de los Trabajadores refuerza la protección de las víctimas de violencia de género, estableciendo que será nulo cualquier despido que derive del ejercicio de su derecho a la tutela judicial, a los derechos previstos por la ley para garantizar su protección o a la asistencia social integral.
Además, la normativa laboral reconoce a estas trabajadoras una serie de derechos específicos para conciliar su vida personal y laboral mientras atraviesan estas situaciones. Entre ellos, la posibilidad de modificar, reducir o reorganizar su jornada laboral, trabajar a distancia, solicitar movilidad geográfica, cambiar de centro de trabajo, o adaptar su puesto para facilitar su reincorporación.
Pese a todo ello, la empresa decidió despedirla.
Dicha empresa, el pasado 2024, año en el que sucedieron los hechos, recibía el Premio Pyme del Año 2024 de Ávila, un galardón que conceden el Banco Santander y la Cámara de Comercio
de Ávila, en colaboración con la Cámara de España y el Diario de Ávila. Desde el Movimiento Feminista de Ávila consideramos que una empresa que incumple la normativa laboral vigente no debería ser condecorada de modo alguno.
También condenamos, que además de enfrentarse a un despido que vulneró sus derechos fundamentales, Romina tuvo que sufrir las consecuencias de un sistema judicial que aún muestra deficiencias en cuanto a la formación y sensibilización en materia de violencia de género; así como de garantías judiciales. Ya que el juzgado no declaró nulo el despido bajo el argumento de que no estaba acreditada como víctima de violencia de género, pese a que aún
tenía el proceso penal abierto y había presentado más de veinticinco documentos médicos y certificados de asistencia a centros de protección a mujeres víctimas de violencia de género.
Desde el Movimiento Feminista de Ávila criticamos las enormes dificultades que existen para acreditar la condición de víctima de violencia de género en el sistema judicial español. Esta exigencia de un "certificado oficial" deja desprotegidas a muchas mujeres que, como Romina, tienen el respaldo de múltiples documentos y el proceso judicial en curso. Este obstáculo retrasa la protección efectiva y perpetúa la vulnerabilidad de las mujeres que ya sufren el abuso y la violencia.
Además de la condena de la situación, el Movimiento Feminista de Ávila quiere mostrar todo su apoyo a Romina, ya que, en la actualidad, su proceso legal continúa, pues el caso ha sido recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
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