Este miércoles la candidata de la coalición Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes Equo: En Común se reunió con Kamelia Rosenova, presidenta del Sindicato de Inquilinas en Ávila para analizar el problema del alquiler en la provincia de Ávila.
Desde la coalición defendemos que garantizar el acceso a la vivienda debe ser una prioridad política si se quiere revertir la dinámica de despoblación que impone desde hace décadas el Partido Popular a Castilla y León.
Y es que, uno de los principales obstáculos con los que se encuentra hoy la ciudadanía abulense, especialmente joven, para desarrollar su proyecto de vida en la provincia es la creciente dificultad para acceder a una vivienda digna. Para ello, movilizar un gran parque de viviendas públicas ayudaría a paliar este problema que no para de crecer.
Cuando hablamos del orgullo de quedarnos en nuestra tierra debemos partir de una realidad evidente: cada vez es más difícil acceder a una vivienda. Por ello, desde IU-MS-VQ apostamos por desarrollar políticas públicas que garanticen que la vivienda sea un derecho y no un negocio.
Desde la coalición, encabezada por IU, señalamos que otras comunidades autónomas como Asturias, Navarra o Cataluña ya están aplicando medidas para facilitar el acceso a la vivienda, entre ellas la limitación de precios del alquiler, la regulación de los pisos turísticos o la ampliación del parque público de vivienda. Estas experiencias demuestran que el problema de la vivienda también puede abordarse en Castilla y León si existe voluntad política.
Propuestas en materia de vivienda pública
Entre las principales medidas destacamos la creación de una Sociedad Pública de Vivienda de Castilla y León, un instrumento que permitiría movilizar hasta 20.000 viviendas públicas durante la próxima legislatura y ampliar de forma significativa el parque público de vivienda en la comunidad. Dentro del plan público de vivienda, proponemos, además, que al menos 5.000 viviendas se reserven específicamente para zonas rurales.
Asimismo, es imprescindible la declaración de zonas tensionadas, al amparo de la ley estatal de vivienda, con el objetivo de limitar los precios del alquiler en aquellas áreas donde el acceso a la vivienda se haya vuelto especialmente difícil.Desde la coalición también planteamos frenar la turistificación mediante la creación de un cuerpo autonómico de inspección encargado de detectar y sancionar los pisos turísticos ilegales, así como impulsar medidas fiscales dirigidas a los grandes tenedores, con el objetivo de penalizar la vivienda vacía y desincentivar la acumulación de inmuebles en pocas manos.
Por último, la transformación de las actuales “Oficinas Anti-Ocupación” en Oficinas de Vivienda Digna, que ofrezcan asesoramiento a inquilinos.
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