Con perplejidad y asombro, los Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos vemos a diario la reacción inusitada que la OEP para la estabilización de empleo temporal en la Administración General del Estado, publicada en el BOE de 24 de mayo, ha provocado entre algunos Habilitados (por fortuna los menos) y entre los Colegios Territoriales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (que sin contar con la opinión de los más de 3300 profesionales que ejercemos como interinos -más de 40% de todos los ejercientes- se han posicionado claramente en contra de esta estabilización).
Esta OEP, de estabilización de empleo temporal en la Administración General del Estado correspondiente a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, prevé la estabilización por diferentes vías de 807 plazas en abuso de temporalidad de Funcionarios de Habilitación Nacional, de los más de 3300 interinos que actualmente ejercen en cerca de 4000 Ayuntamientos de nuestro país (menos de los que, dicho sea de paso y en estricta aplicación de la Ley 20/2021 debieran ser); interinos, que no olvidemos, llevan décadas ejerciendo su profesión de Secretario, Interventor o Tesorero tan dignamente y en igualdad de obligaciones y responsabilidades que cualquier Habilitado.
Somos un colectivo de funcionarios que trabajan diariamente en más del 40% de los Municipios de España, mayoritariamente en aquellos de la llamada España vaciada. La mayoría de estos municipios tienen menos de 2000 habitantes y, en gran parte de ellos, el único funcionario o funcionaria que existe es el Secretario-Interventor Interino donde debemos actuar como tramitador de toda clase de peticiones, subvenciones, ayudas, contrataciones y un sinfín de pormenores que tanto el resto de las administraciones como la ciudadanía demandan. La responsabilidad que recae sobre nosotros no es diferente a la de un Habilitado nacional, nuestra firma en nuestro ámbito laboral no tiene menor eficacia y nuestro trabajo es desarrollado con la máxima profesionalidad a pesar de las enormes dificultades con las que contamos respecto a medios y alta carga laboral.
Con la reciente Ley 20/2021, se ha abierto una pequeña ventana de esperanza para que algunos de nosotros puedan estabilizar su situación laboral en los pequeños municipios donde trabajamos y trabajaremos. Este importante cambio no variará en nada la responsabilidad y el buen hacer ya demostrado, pero nos permitirá desempeñar nuestro trabajo con las mismas garantías y derechos que cualquier otro trabajador. Es más, en virtud de la Ley anteriormente señalada, ha recaído sobre nuestros hombros la responsabilidad de llevarla a buen fin con el resto de plazas de trabajo de nuestros municipios (administrativos, servicio de ayuda a domicilio, operarios, etc.), viendo con estupor como nadie cuestiona dicha estabilización de puestos y sin embargo sí se cuestiona la nuestra, en una suerte de esquizofrenia en la que se nos exige que realicemos la estabilización de los puestos de nuestros municipios pero que no lo hagan con nosotros. ¿Acaso debemos tener menos derechos que el resto
de los empleados públicos a estabilizar? ¿Es posible que alguno piense que el artículo 14 de la Constitución o 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UNIÓN EUROPEA no nos sea de aplicación por ser Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos? ¿Es esta la forma de defender la profesión por los Colegios que han de velar por ella? ¿No hay capacidad y mérito demostrados durante décadas de desempeño de la profesión?
No es una cuestión menor, ni debe ser pasado por alto, que consideramos que las plazas a consolidar para nuestro cuerpo por parte del Estado no son ni de largo todas las que deberían ser estabilizadas, situación que seguirá dejando a un gran número de compañeros, insisto de la España vaciada, en una situación de precariedad laboral y de limitación de derechos, mala para las personas y mala para los propios Ayuntamientos en los que trabajan. Desde nuestras Asociaciones Sindicales que nadie dude que seguiremos luchando y trabajando para revertir esa situación.
La consolidación en nuestros puestos de trabajo, por lo tanto, va más allá de un derecho laboral, es una garantía para que nunca falte en un pequeño municipio la imprescindible figura de un Secretario, que dé servicio, no solo al Ayuntamiento y a su Corporación, sino a los vecinos que día tras día acuden al despacho del Secretario con multitud de cuestiones, que si bien no atañen a nuestro trabajo, las realizamos con la máxima diligencia ya que el servicio público es nuestra vocación. En unos pueblos donde sus vecinos cada vez son menos y más mayores, en el reto de luchar contra la despoblación, y la desaparición al fin y al cabo de dichas poblaciones, los Secretarios Interventores y Tesoreros Interinos somos una parte fundamental.
Durante décadas hemos trabajado con las mismas obligaciones, responsabilidades y profesionalidad que los Habilitados nacionales e invito a quien se anime a que pruebe con hechos y no únicamente con demagogia que eso no es así.
Por último no queremos terminar este manifiesto sin lanzar un mensaje de tranquilidad a las muchas personas que confían en nuestro trabajo diariamente, seguiremos trabajando con rigor, con dedicación y con entrega en los pueblos donde lo venimos haciendo a diario, y por supuesto que nadie dude que conseguiremos nuestro objetivo de la consolidación profesional como es de justicia y de derecho.
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