En el año 2010 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sentencia de 22 de Abril de 2010 de la Sala Cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea TJUE/2010/111) dictaminó en sentencia firme la ilegalidad de la concesión del contrato de las obras y la ampliación del peaje para la construcción, conservación y explotación del paquete de autopistas de peaje: AP-6 (Villalba Adanero), su conexión a Segovia (AP-61) y su conexión a Ávila (AP-51), por lo que la Comisión Europea sancionó a España por vulnerar la normativa de contratación pública Europea.
Dicha sentencia ha sido sistemáticamente incumplida por el Estado utilizando como excusa la aplicación de varios Reales Decretos decepcionando a todos los ciudadanos y ciudadanas, que lejos de rebajar el coste de los peajes han servido precisamente para incrementarlos como compensación a sucesivos paquetes de obras de difícil justificación.
La sentencia en la que se basa la iniciativa contra los peajes de la AP-6 y sus ramales se deriva de la denuncia que presentaron en su día el sindicato CC.OO. y la asociación ecologista Centaurea. El tribunal europeo consideró entonces que en la construcción se habían vulnerado las directivas sobre contratación pública por no haberse publicado las cláusulas administrativas del contrato. En aquel pliego sí se contemplaba la construcción de las carreteras a Ávila y Segovia, pero no se recogía el tercer túnel de la AP-6 ni la ampliación de esa carretera, “mejoras” que a la postre justificaron la ampliación de la concesión por un periodo entre 32 y 37 años a contar desde 1999, cuando se concedió la ampliación, en función del tráfico de la carretera. El periodo exacto de ampliación debería concretarse en 2019.
Tras conocerse la sentencia, el Ministerio de Fomento decidió en 2012 hacer algunas “modificaciones” en el contrato que se traducían en una reducción de siete años en la concesión que, de este modo se fijaría entre 2024 y 2029, una reducción por la que se compensaría a la concesionaria.
IU Ávila considera que los peajes son auténticas fronteras económicas que frenan el desarrollo de toda la Comunidad, pero en especial el de las provincias de Ávila y Segovia, ya que suponen una barrera que impide que estas dos provincias estén en igualdad de condiciones, respecto a otras provincias del entorno; para conseguir mayores posibilidades de empleo a través de la creación de empresas,
por la cercanía con Madrid; además de un mayor dinamismo económico y social desde el sector del turismo.
Conviene no olvidar que desde Izquierda Unida se ha venido realizando una importante labor de reivindicación, social y parlamentaria, durante varias legislaturas, tanto en el Congreso de los Diputados, como en las Cortes de Castilla y León y en el Ayuntamiento de Ávila, para que la eliminación de peajes se produjera, en cumplimiento de la sentencia del TSJUE y en beneficio de la provincia.
Por lo tanto, recordamos que existe una postura histórica de IUCyL e IU Ávila de reivindicar el cumplimiento de las recomendaciones europeas de finales del siglo XX para que todas las capitales de provincia estuviesen unidas por vías rápidas. En el caso de Ávila esa recomendación solamente se cumple con Salamanca puesto que con Segovia también hay frontera económica, es decir, peaje. Y con Valladolid es fundamental, que además eliminaría también el cuello de botella hacia el Norte y el Noroeste.
Además, de la eliminación del peaje ilegal que la AP-6; la solución más rápida y ambientalmente más respetuosa sería unir la A-50 con Arévalo y la A-6 desde Peñalba de Ávila.
Por todos estos motivos, IU Ávila lleva más de 10 años instando al ejecutivo autonómico a reivindicar el cumplimiento de la sentencia e investigar el proceso de licitación y adjudicación del paquete de autopistas de peaje: AP-6 (Villalba Adanero), su conexión a Segovia (AP-61) y su conexión a Ávila (AP-51).
Y en numerosas ocasiones, también se ha exigido al Gobierno que acate la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2010 que declaró ilegal la adjudicación a Iberpistas de la construcción, conservación y explotación de las conexiones de la autopista AP-6 con Segovia (AP-61) y Ávila (AP-51), así como la prórroga de la concesión de la explotación de la AP-6 de 2018 hasta 2050. Por lo que, desde IU Ávila vamos a permanecer vigilantes para que el actual compromiso del Ministerio de Transportes se cumpla.
Y es ahora, cuando la eliminación de peajes se anuncia como algo real y tangible en el tiempo; cuando hay que pensar en el desarrollo de Ávila sin las barreras impuestas; y es aquí donde permanece Izquierda Unida para colaborar con sus propuestas, desde dentro y fuera de las instituciones, en la evolución de la provincia de Ávila.
Salud y República.
Fdo. Colegiada Local IU Ávila Ciudad
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