La formación alerta de la sobrecarga de los juzgados mixtos, la insuficiencia
de la Sección Penal, la saturación de los equipos psicosociales y la
precariedad del soporte informático
Izquierda Unida Ávila ha registrado en el Congreso de los Diputados, a través
de diputados de IU, una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para exigir
un refuerzo estructural inmediato de la Administración de Justicia en la
provincia de Ávila ante una situación de sobrecarga que afecta de forma
simultánea a la planta judicial, los servicios de apoyo y los medios
tecnológicos.
La formación advierte de que los juzgados mixtos del Tribunal de Instancia de
Ávila se encuentran en una situación de especial presión estructural, con
registros que en 2024 superaron los 6.100 asuntos civiles y cerca de 5.000
asuntos penales, cifras que duplican ampliamente los módulos máximos
establecidos por el Consejo General del Poder Judicial. Izquierda Unida señala
que este nivel de carga evidencia un desequilibrio sostenido entre recursos
disponibles y necesidades reales del servicio público de Justicia.
En este contexto, la organización considera insuficiente la previsión actual de
creación de una nueva plaza judicial, reclamando la creación de la plaza
número 7 en la Sección de Primera Instancia e Instrucción, así como la
necesidad de reforzar igualmente la Sección Penal mediante la creación de
una segunda plaza que permita garantizar una respuesta adecuada en
materia penal en toda la provincia.
Izquierda Unida también pone el foco en la situación de los equipos
psicosociales, actualmente desbordados por la acumulación de asuntos de
violencia de género y familia, lo que está generando retrasos relevantes en la
emisión de informes y afectando a procedimientos especialmente sensibles
desde el punto de vista social y jurídico.
La formación denuncia igualmente las deficiencias en el partido judicial de
Arévalo, donde no existe una sala adecuada para la atención de víctimas y
menores, que actualmente deben esperar en espacios sin privacidad, lo que
supone, a juicio de Izquierda Unida, una vulneración de los estándares
mínimos de protección y dignidad en la atención judicial.
Asimismo, Izquierda Unida alerta de la precariedad del soporte informático
en los órganos judiciales de la provincia, donde la atención técnica recae en
un único profesional externo, una dotación que resulta claramente
insuficiente ante el incremento de incidencias derivadas de la digitalización
del sistema judicial.
Desde Izquierda Unida consideran que la situación de la Justicia en Ávila
refleja un problema estructural de fondo que requiere planificación,
inversión y refuerzos estables, y no medidas parciales o insuficientes.
“La Justicia en Ávila está funcionando muy por encima de sus capacidades
reales. Sin un refuerzo inmediato de la planta judicial, de los equipos
psicosociales y de los medios tecnológicos, se está comprometiendo la calidad
del servicio público y la igualdad en el acceso a la tutela judicial efectiva”,
señalan desde la organización.
Izquierda Unida espera que el Gobierno responda a las iniciativas registradas
y concrete un calendario de actuaciones y dotaciones presupuestarias que
permitan revertir una situación que, a juicio de la formación, se encuentra ya
en un punto crítico en la provincia.
