DIARIO INDEPENDIENTE DE LA COMARCA
Cada nuevo caso de corrupción produce en la política española una ceremonia que parece ensayada. Primero llega la sorpresa fingida; luego, la indignación en las tertulias; y, finalmente, la exigencia de responsabilidades al partido contrario. Lo último es el cierre en falso, unas dimisiones, declaraciones solemnes, promesas de regeneración y la maquinaria funcionando a tope de nuevo al día siguiente.
Ha vuelto a pasar. Comienzan los yanquis y los sionistas a bombardear Irán, se cierra el estrecho de Ormuz y una de las primeras consecuencias es la subida espectacular del precio del barril de petróleo. A las pocas horas, este incremento ya se refleja en los carteles de las gasolineras y mucha gente se pregunta cómo es posible que pase esto cuando el combustible que le ponemos al coche se compró meses antes de que cayera el primer misil de esta temporada sobre Teherán. Pasó también con Ucrania y el gas, ¿recuerdan?
La llamada «prioridad nacional» que PP y Vox están incluyendo en sus acuerdos de gobierno, por mucho que alguno la quiera matizar, no es una consigna nueva. Es una pieza bastante clásica que históricamente han utilizado las organizaciones fascistas y que se encuadra en una forma de hacer política que necesita que, ante cualquier problema social, miremos en la dirección equivocada y hacia el culpable que no es.
Los resultados de las elecciones autonómicas de Castilla y León han abierto un período de reflexión en lo que algunos llaman «el espacio a la izquierda del PSOE». De aquí a las elecciones autonómicas andaluzas queda tiempo para que esa reflexión vuelva a ser igual de inútil que todos los períodos anteriores, de reflexión, de escucha o de qué sé yo.
En las últimas semanas, el anuncio de un proceso de regularización que dicen que va a afectar a medio millón de personas en España ha vuelto a encender los debates habituales. Por un lado, escuchamos el discurso de los sectores más reaccionarios agitando el fantasma de la «invasión»; por otro, Gobierno y socios varios sacan pecho por la medida como si fuera un triunfo del humanismo y la moralidad. Pero conviene ir un poco más a fondo y ver qué hay detrás de lo que dicen unos y otros y cómo debemos.
Los fatales accidentes ferroviarios del mes de enero han desembocado en la enésima trifulca entre los partidos parlamentarios. Nuevos cruces de reproches, acusaciones de mala gestión, desarrollo de teorías conspirativas y un largo etcétera que no solamente busca el rédito político, sino sobre todo conseguir que la opinión pública no atienda a las cuestiones más relevantes que están detrás de la tragedia de Adamuz.
En los últimos años se ha instalado la idea de que vivimos una época de fuerte polarización social. Se habla de bloques irreconciliables, de sociedades partidas en dos, de tensiones máximas. El término se repite en tertulias, informes y editoriales como si describiera una verdad evidente. Sin embargo, conviene detenerse un momento y preguntarse qué tipo de polarización es esa y entre quiénes se produce. Porque no toda polarización es igual ni toda confrontación es socialmente relevante.
Parece que a este Gobierno le queda poco tiempo. La publicación del informe de la UCO en el que se recogen las grabaciones y conversaciones entre tres miembros del PSOE, dos de ellos sus más recientes secretarios de organización, ha conseguido que en ciertas sedes políticas se echen las manos a la cabeza y en otras se empiecen a frotar las manos.
Cuando se escriben estas líneas todavía es pronto para saber si finalmente habrá convocatoria de elecciones para el otoño-invierno o si todavía le quedan páginas al «manual de resistencia» de Pedro Sánchez, pero todos podemos tener claro que la cantinela de aquí a entonces será la del «dique de contención contra la extrema derecha».
Todavía no tengo claro qué es lo que me llama más la atención de todo esto que se está conociendo sobre Ábalos, Koldo y Cerdán. Porque el lector debe saber que quien esto suscribe no alberga ninguna duda sobre lo siguiente: no hay Gobierno sin mordidas ni ministerio sin amiguitos del alma que, como moscas a la mierda, rondan con la intención de llevarse adjudicaciones a cambio de cosas muchas veces inconfesables.
Me cuesta olvidar que muchos de los que se llevan las manos a la cabeza con no sé cuánta fingida sorpresa son los que, hace no tanto, cantaban en las manifestaciones aquello de «PSOE y PP la misma mierda es». Poco tiempo después, los vimos atender raudos y veloces la llamada de la moqueta cuando al PSOE no le salían las cuentas para entrar en la Moncloa. Ahora, cuando se va viendo que el nuevo PSOE se parece bastante al viejo PSOE, algunos nos vienen con ocurrencias como decálogos contra la corrupción y llamativas medidas para que las adjudicaciones estatales sean más «transparentes», como si no estuviera claro ya que todo se puede amañar cuando hay muchos millones en juego.
Los que se frotan las manos, por otra parte, han olido sangre y se presentan como adalides de la lucha contra la corrupción, porque los asesores les han dicho que la gente tiene poca memoria y pocas personas se van a acordar de que el PP fue condenado hace no tanto por beneficiarse de otras mordidas.
Están, por último, las empresas beneficiarias. Sí, esas que forman parte de lo que llaman «marca España» y acompañan a presidentes y ministros cuando viajan al extranjero para «favorecer las inversiones» y cosas por el estilo. Esas empresas que llevan décadas cultivando las relaciones personales en todos los partidos con posibilidades de tocar moqueta para saber a qué teléfono llamar cuando les interesa tal o cual adjudicación.
Parece que a muchos les cuesta entender que no es posible la gestión capitalista sin corrupción, porque la gestión capitalista es precisamente la administración de los intereses de las grandes empresas y que no hay línea divisoria entre legislar para flexibilizar las relaciones laborales y regar de millones en adjudicaciones a quienes copan las listas del IBEX-35. Son dos caras de la misma moneda y, aunque cambie el Gobierno, va a seguir pasando, porque los gestores capitalistas son esencialmente ejecutores intercambiables. El problema de fondo está en el modelo político y económico que está montado para que los que siempre ganen sean los grandes capitalistas.
Ástor García es secretario general del PCTE
Hace ya tres años, el Gobierno español organizó en Madrid la cumbre anual de la OTAN, que en esa edición abordó dos asuntos de gran relevancia. Por una parte, dio pasos definitivos para la ampliación de la Alianza Atlántica con la incorporación de Suecia y Finlandia, que se oficializaría en los dos años posteriores. Por otra, aprobó el llamado «nuevo concepto estratégico», documento definitorio de las principales preocupaciones y ejes de actuación de la organización para la década posterior.
Uno de los más recientes viene a raíz de la toma de posesión de Donald Trump como nuevo presidente yanqui, en la que se pudo ver entre los asistentes a un buen grupo de magnates de empresas tecnológicas. Los capos de Amazon, X, Facebook y otras cuantas empresas más sonreían y se abrazaban ufanos ante la llegada a la Casa Blanca de uno de los mayores provocadores de la historia reciente, al que apoyan todo tipo de movimientos y grupos de presión representantes o defensores del capitalismo más asalvajado y nacionalista.
La socialdemocracia mundial, que se preocupa únicamente de los capitalistas asalvajados y nacionalistas, pero no mucho de los capitalistas cosmopolitas y educados, de esos que exportan democracia y bombas a raudales, sale entonces a la palestra para denunciar, con cierta excitación, que tengamos cuidado con la «nueva oligarquía tecnológica» que rodea a Trump, insistiendo mucho precisamente en el término «oligarquía».
Lo que llama la atención no es, por supuesto, que la socialdemocracia y sus medios de cabecera llamen a las cosas por su nombre, sino que han redescubierto este término ahora y pretenden establecer algún tipo de diferencia cualitativa entre el nuevo presidente y los anteriores. Dicho de otra forma, la idea que pretenden asentar es que, como a Trump le acompaña la oligarquía, a Biden o a Obama los acompañaba la common people. Y esto es lamentable, porque desenfoca absolutamente el análisis y la respuesta política frente a lo que pueda suponer Trump, igual que lo hacía frente a lo que suponía Biden.
Si por algo destaca la toma de posesión de Trump frente a otras es por evidenciar una realidad o dos. La primera, que el presidente de los EE. UU., como todos los demás, es el gestor de los intereses de los grandes capitalistas de su país, club del que, no se nos olvide, él también era miembro antes de llegar a la presidencia en 2016.
La segunda, que su nuevo mandato presidencial refleja un cambio en la tendencia del capitalismo mundial. Creo que conviene indicar que, frente a quienes dicen que Trump es el impulsor de nuevas tendencias reaccionarias, la realidad es que Trump es una consecuencia. Él es el producto de una coyuntura en la que distintas secciones de la oligarquía compiten ferozmente entre sí, con visiones y proyectos enfrentados sobre cómo garantizar la continuidad de sus beneficios. Los magnates de las grandes empresas tecnológicas saben que Trump va a hacerles ganar mucho. Igual que ellos, lo saben otros oligarcas de otros varios sectores menos vistosos, a quienes la competencia brutal en los mercados internacionales no les está yendo todo lo bien que querrían.
Ante esto, los socialdemócratas nos piden que tomemos partido por los otros oligarcas, por los que tienen unos intereses distintos de los Musks, Bezos o Zuckerbergs. Nos pintan a unos oligarcas muy malos para que optemos por los buenos o por los menos malos. Pero ya cansa esta cantinela, porque nosotros sabemos perfectamente que, por muchos proyectos contrapuestos que tengan las distintas secciones de la burguesía, siempre están de acuerdo en mantener y aumentar la explotación de la clase obrera.
Ástor García es Secretario General del PCTE
De cuando en cuando surgen debates públicos que tienen la virtud de desenmascarar no solamente las graves contradicciones que existen en nuestra sociedad, sino también la incongruencia de las posiciones que defienden las organizaciones que dicen representar a la mayoría trabajadora. La cuestión de la renovación o no de los conciertos sanitarios para los funcionarios a través de MUFACE, MUGEJU e ISFAS es uno de esos debates y me parece oportuno dedicarle unas líneas.
No me cabe duda de que a muchos lectores les suena muy lejano eso del mutualismo administrativo y hasta es posible que se hayan enterado ahora de que ciertos cuerpos de funcionarios tienen la posibilidad de elegir entre recibir la atención sanitaria a través del sistema público o a través de varias empresas aseguradoras privadas. Es precisamente el convenio con esas aseguradoras lo que está ahora en el candelero. Su renovación está siendo problemática porque Estado y aseguradoras no se ponen de acuerdo en cuánto dinero debe aportar el primero a las segundas por cada uno de esos funcionarios que optan por la atención privada.
La existencia de MUFACE, MUGEJU e ISFAS es un anacronismo que hoy no tiene ningún sentido. Que en el pasado existieran notables diferencias entre la cobertura sanitaria que recibían los funcionarios y otros trabajadores, cuando no existía un régimen de seguridad social generalizado, no justifica hoy su continuidad, cuando todo ciudadano tiene reconocido el derecho a las mismas prestaciones sanitarias. Es más, suena incluso perverso que, en un momento en que se constata un empeoramiento general de ese sistema sanitario público y un auge de las clínicas privadas, el Estado mantenga el régimen de concierto sanitario para parte de sus empleados. Sobre todo, porque es el Estado, en sus expresiones nacional y autonómicas, el responsable de ese empeoramiento de la sanidad pública.
El debate sobre MUFACE y demás es, en realidad, el debate sobre la penetración del capital privado en los servicios públicos y el papel del Estado en ello. En contra de lo que piensa la socialdemocracia, el Estado no es garante de nada, sino promotor del desmantelamiento de los servicios públicos para ofrecer nuevos espacios de rentabilidad al capital privado.
También es el debate, necesario, sobre la tramposa defensa de los servicios públicos que se hace desde ciertos sectores políticos y sindicales, sobre el corporativismo y sobre la tremenda confusión que existe entre derechos y privilegios.
En lo concreto, el papel que están jugando las principales organizaciones sindicales del sector público es para enmarcar. No parece muy coherente participar en plataformas por la escuela pública y contra los conciertos educativos mientras se defiende y promueve el mantenimiento de conciertos sanitarios para una parte de tus afiliados. Pero disfrazarlo de derecho adquirido es ya el colmo de la desvergüenza. En los sindicatos que dicen ser «de clase», la ambigüedad con que se está enfocando esta cuestión es directamente criminal, no solamente por lo poco «de clase» que es defender los conciertos sanitarios (y de todo tipo), sino por la miserable posición de subordinación al Gobierno de coalición socialdemócrata que demuestran cuando piden «responsabilidad» a unos y otros para «lograr un nuevo concierto lo antes posible». De vergüenza.
Ástor García es Secretario General del PCTE
Está el ambiente tenso en el mundo. Se multiplican las noticias sobre el incremento de los gastos militares en todas partes. En Europa se anuncian compras conjuntas de armamento que sirvan para llenar los arsenales vacíos después de muchos meses de suministro a Ucrania. Hay países que habían eliminado el servicio militar obligatorio y ahora se lo están replanteando, ante la perspectiva de necesitar mucha carne de cañón que echar a la picadora de la guerra imperialista.
Esta situación no es inédita. Ocurrió en las vísperas de las dos guerras mundiales. A diferencia de entonces, el movimiento obrero está debilitado ideológicamente y destrozado organizativamente. Además, quienes dicen representar al movimiento obrero mayoritariamente se alinean con las tesis militaristas de su propia burguesía o se dedican a cantar las bondades de una paz abstracta que, en el capitalismo, no es otra cosa que el interludio entre dos guerras.
La asamblea de majaras ha decidido que toca ir a una guerra generalizada. Entonces comienza a cobrar sentido que, en los últimos años, hayan crecido como setas las tesis que aspiran a casar al marxismo con posturas estatistas, militaristas, xenófobas o nacionalistas. La preparación psicológica de las masas para la guerra necesita aportes de todos lados, y si hay que tirar de aquel simpático caballero de Tréveris, pues qué carajo, vamos a ver si cuela.
En la víspera de la Primera Guerra Mundial, los principales dirigentes de la II Internacional traicionaron todas las posiciones que venían defendiendo en sus discursos y manifiestos. Pasaron en poco tiempo de defender la guerra a la guerra a votar a favor de los créditos de guerra que exigían los diferentes gobiernos burgueses. Del internacionalismo pasaron al nacionalismo más belicoso y se sumaron con entusiasmo a las campañas de deshumanización de los enemigos, que hasta hacía nada habían sido sus hermanos de clase. Luego vendrían los llantos y los madre mías, las camisas rasgadas y los golpes en el pecho, pero entretanto serían sacrificados diez millones de soldados y otros tantos civiles.
Hoy no estamos ahí todavía, pero vamos camino de ello. Y quienes juegan con la añoranza de los tercios de Flandes, quienes criminalizan al extranjero, quienes hacen listas de países amigos y enemigos o quienes lamentan a diario que en España sí se ponga el sol tendrán su buena parte de responsabilidad. La misma que quienes, pensando que la lucha de clases ha muerto, se contentan con calentar sillones en el Consejo de ministros o en la carrera de San Jerónimo, a cambio de no elevar mucho la voz cuando se trata de hablar de la OTAN o de convencernos de comprar unicornios como la autonomía estratégica de la Unión Europea o sirenas como la multipolaridad.
Pero, de entre todos ellos, los peores serán los que lo hagan disfrazados de marxistas. Los que utilizan ahora el marxismo para dar solemnidad y credibilidad a su bazofia política y a su diarrea ideológica. Los que hoy dicen ser de los nuestros y vienen con esos discursos serán los principales responsables de que nuestros hijos, nuestros hermanos o nosotros mismos muramos en el futuro por defender los intereses de los que ahora nos explotan.
ÁSTOR GARCÍA, es Secretario General del PCTE
Hay mucho ruido alrededor de las protestas de agricultores y ganaderos. Y no solo por los pitidos de los tractores. Hablo de ruido político y mucha confusión en general. Basta echar un vistazo a ciertos grupos de mensajería para ver cuánto energúmeno está tratando de hacer su agosto con esta cuestión. Pero cuando hay una movilización de esta envergadura, suele ser mala práctica la de categorizar de inmediato a los que se movilizan como amigos o como enemigos, sin conocer las reivindicaciones, saber por qué salen ahora y entenderlas en su contexto concreto.
En las movilizaciones, consignas y preocupaciones de los pequeños propietarios normalmente hay un batiburrillo en el que se mezclan muchas cosas, pero se impone hacer un esfuerzo de análisis que separe el grano de la paja.
Es evidente que no estamos ante movilizaciones del proletariado agrícola. Eso para empezar. Pero en estas movilizaciones están participando sectores que están llamados a conformar la alianza social con la clase obrera, por mucho que en el momento actual esta idea no la planteemos más que nosotros. ¿Todos los que están movilizados entran en ese grupo? Desde luego que no. Pero la negativa no tiene que ver con las banderas que enarbolen o con que aseguren votar a tal o cual partido, sino con el hecho de que, en este sarao, están metidos tanto los agricultores autónomos, que son los que nos interesan, con otros sectores que, digámoslo suave, entran dentro de lo que se llama pequeña y mediana empresa.
Teniendo en cuenta que, en esta ocasión, la movilización está produciéndose en varios países de Europa, es de sumo interés comprobar cuáles son los puntos en común entre unos y otros porque, aunque todos echan los tractores a la calle, lo hacen bajo unas circunstancias concretas en cada país. En Alemania el detonante fue el anuncio de la retirada de las subvenciones al gasoil. En Grecia, el incumplimiento de la promesa gubernamental de cubrir las pérdidas derivadas de las inundaciones. En Francia, la «competencia desleal» de otros países (España entre ellos, todo sea dicho).
En España están presentes el tema del gasoil y las acusaciones a otros de competencia desleal, pero también aparece la cuestión del papel de los intermediarios en la distribución de productos agrícolas, aspecto que es de sumo interés porque permite preguntarse quién obtiene el mayor beneficio económico en el proceso de circulación de mercancías y dónde se toman las decisiones sobre el destino de determinados productos. Porque a priori resulta ilógico que España sea un país importador de determinados cereales que se cultivan aquí a mansalva, ¿o no?
Pero, en conjunto, lo que une todas las movilizaciones es la crítica a la Política Agrícola Común (PAC). El problema es que la crítica a la PAC se queda corta si sólo aborda cuestiones de burocracia y pasa de puntillas sobre una realidad: la PAC ha sido y es la herramienta fundamental de la UE para reorganizar la agricultura de los países de Europa en su conjunto, acelerando el proceso de concentración, favoreciendo la creación de monopolios y destruyendo al pequeño productor. El problema de los trabajadores autónomos del campo, por tanto, no es sólo la burocracia de la PAC; es la PAC misma, es la UE misma, es que los planes de la UE, mucho antes de que existiera el Pacto Verde, ya eran un ataque en toda regla contra ellos.
Ástor García es Secretario General del PCTE
No me negarán que la ocurrencia de las autobajas de tres días para enfermedades leves que proponía la ministra de sanidad hace unas semanas tiene su aquel. Como los centros de salud están saturados, no hay profesionales suficientes y los que hay tienen que atender a un montón de pacientes con diversas dolencias, tiramos por la calle de en medio: que se den la baja ellos mismos y todo resuelto. Como no tienes médico, sé tu propio médico, piensa la ministra.
Que fuera la propia ministra la que lo planteó es ya bastante significativo de cómo están las cosas en la sanidad española y las capacidades reales de ese ministerio, que solamente tiene la posibilidad de sugerir porque la puesta en práctica de estas cosas corresponde a las Comunidades Autónomas, quienes tienen las competencias del ramo.
Como casi siempre, uno de los argumentos utilizados para promover esta nueva medida es que «en otros países de Europa ya se aplica», como si la comparación con otros países cercanos justificara ya cualquier medida. Sinceramente, esto ya es un poco cansino y dice bastante poco de quienes utilizan el argumento, porque la mera comparación no sirve si no se realiza teniendo en cuenta otros factores que puedan estar presentes, tanto aquí como fuera de aquí.
A mí hay un factor que me parece sumamente relevante en este caso en particular, y es que precisamente los tres días de autobaja que propone la ministra son los tres días durante los cuales muchos trabajadores no tienen cobertura, ni de la Seguridad Social ni de la empresa que los explota. Es algo que, por el momento, queda en manos de cada convenio colectivo, y muchos no lo incluyen. Es decir, que si te pones enfermo, con baja médica o con autobaja, es más que probable que durante esos tres días no cobres ni un puñetero euro. O, dicho de otra forma, que los primeros días de enfermedad, sea la que sea, te los pagas tú.
Raudos han salido dos sectores. Uno, el de los profesionales médicos, que ven en esta medida la posibilidad de descargarse un trabajo excesivo derivado de una mala organización y de una escasez de efectivos en las que tienen mucho que ver los recursos que se derivan hacia el sistema privado. Otro, algún portavoz de la patronal que ha aprovechado para decir, como que no quiere la cosa, que ante situaciones como esta habría que dar más funciones a las mutuas, como si no tuvieran ya pocas competencias estas asociaciones de empresas que esencialmente se dedican a poner en duda las bajas médicas de los trabajadores.
Me temo que esta ocurrencia ministerial no servirá para abrir un debate sobre por qué razón hay millones de trabajadores en España a quienes ponerse enfermos les cuesta dinero, ni tampoco para poner en duda el carácter parasitario del sistema privado de salud, sino para seguir ahondando en el desmantelamiento de un sistema público sanitario que es una perita en dulce para empresas, aseguradoras y farmacéuticas. Buen trabajo, ministra.
ÁSTOR GARCÍA ES SECRETARIO GENERAL DEL PCTE
