Izquierda Unida de Ávila muestra su preocupación ante el grave incidente ocurrido en las instalaciones del IES de Arenas de San Pedro. Para nuestra formación, lo sucedido no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de la política de recortes y la dejación de funciones que la Junta de Castilla y León ejerce sobre la educación pública en nuestra provincia.
Desde IU Ávila denunciamos que la falta de mantenimiento y la nula inversión en infraestructuras educativas están poniendo en riesgo la seguridad de la comunidad educativa. No podemos permitir que el alumnado y el profesorado de la educación pública acudan a centros que presentan deficiencias estructurales por la desidia del Partido Popular y sus socios. Precisamente en un momento en el que las transferencias estatales para las autonomías alcanzan cifras históricas. La Junta, pese a disponer de más recursos que nunca, no los invierte en unos servicios públicos fuertes y eficaces. Castilla y León necesita una fuerte apuesta e inversión en servicios públicos, ya que el Ejecutivo autonómico prefiere aprobar rebajas fiscales para los más ricos antes que garantizar derechos básicos a la mayoría social.
Incidentes como el ocurrido ayer en Arenas de San Pedro evidencian que para la Junta existen "estudiantes de primera y de segunda", dejando a la comarca del Tiétar en un olvido institucional permanente.
Exigimos una explicación inmediata de la Consejería de Educación y la asunción de responsabilidades por la falta de supervisión de las instalaciones. Ya que, lo ocurrido en el IES de Arenas de San Pedro es la crónica de un suceso anunciado. La Junta de Castilla y León prefiere mirar hacia otro lado mientras la escuela pública se cae a pedazos, mientras siguen desviando recursos hacia la educación privada y concertada.
Exigimos a la Junta de Castilla y León, una auditoría integral y urgente del estado de todos los centros educativos de la provincia de Ávila; un plan de choque de inversiones para la reparación y modernización de infraestructuras en el medio rural; y el compromiso firme de que la seguridad en las aulas sea una prioridad absoluta asegurando una movilización económica suficiente para subsanar todas las deficiencias existentes.
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