El 30 de septiembre se publicó el RDL 30/2020 que prorroga hasta 31 de enero de 2021 los ERTE de fuerza mayor, que son los directamente vinculados con la pandemia de COVID19. Si las empresas desean prorrogar este tipo de ERTE o un ERTE ETOP (por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción) deberán realizar una nueva solicitud colectiva de prestaciones. Se establecen tres nuevos tipos de ERTE por Fuerza Mayor que tendrán importantes exoneraciones en la cuota de seguridad social para las empresas: el ERTE de impedimento, que se aplicará cuando las autoridades prohíban una actividad, el ERTE de limitación, para empresas con grandes limitaciones, pero que no tienen prohibida la actividad y los ERTE de fuerza mayor para las empresas más castigadas con la pandemia.
La exoneración de cuotas que beneficia a las empresas no puede ni debe ser un cheque en blanco. Es importante que sigan vigentes la cláusula de salvaguarda del empleo, que obliga a mantener al trabajador durante un periodo de 6 meses desde que se reanude su actividad, o la prohibición de realizar despidos con motivo del COVID19. Tampoco se podrán realizar horas extras, nuevas externalizaciones, ni concertarse nuevas contrataciones en las empresas que se acojan a los ERTE regulados en el Real Decreto.
El RDL 30/2020 no olvida a los trabajadores que sufren en primera persona las consecuencias de esta crisis, por ello, quienes estén cobrando la prestación por desempleo por un ERTE continuarán percibiendo el 70 % de la base reguladora hasta el 31 de enero de 2021. Pese a que en el año 2012 el Gobierno de Rajoy recortó esta prestación del 60 % al 50 % de la base reguladora a partir de los 180 días de su cobro.
No podemos hablar de los ERTE y olvidar a esos empresarios, que pese a todas las ayudas que están recibiendo, “obligan” a prestar servicios a trabajadores que no tienen ninguna obligación de hacerlo al hallarse en ERTE. No les importa que les sanciones con 187.500 euros y con la devolución de las cantidades que ha percibido el trabajador por la prestación por desempleo, ni les importa la sanción que la Inspección de Trabajo pueda imponer al trabajador. Sólo están interesados en ganar más dinero, y les da igual que todos estemos pagando el salario a sus trabajadores.
Este año es el año de los ERTE, por eso deberían mirarse con lupa y no permitir que haya abusos ni fraudes para evitar que al año de los ERTE le siga el año de los ERE.»
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