De un tiempo para acá empieza a salir en los medios de comunicación noticias sobre el conflicto laboral del personal temporal de la Administración. En algunos medios de prensa escrita se profundiza más en el tema, y en los telediarios lo menciona de pasada. A pesar de ello, para la mayoría de la opinión pública sigue siendo un conflicto desconocido, y la minoría que está al día de lo que ocurre en este país, no llega a entender más que el personal interino no quiere pasar por unas oposiciones.
Es muy difícil explicar en 20 segundos de telediario un conflicto laboral de largo recorrido, entre las organizaciones de personal temporal con todas las Administraciones, y en concreto, con el Ministerio presidido por Iceta. Lo que se pone en cuestión en las demandas del personal temporal es que los acuerdos tomados con los sindicatos mayoritarios para reducir la tasa de temporalidad no se ajustan a la normativa europea, y lejos de dar estabilidad al personal afectado, lo que va a suponer es un despido libre y gratuito de más de 800.000 personas.
Este conflicto se enmarca en una situación en el que la Administración se encuentra muy debilitada por años de recortes y privatizaciones que, además, ha permitido perder muchos puestos de trabajo poniendo como excusa la crisis del 2008. Desde esa fecha se han perdido aproximadamente más de 250.000 plazas de personal que se ha jubilado mediante la amortización de las mismas (desaparición de la partida presupuestaria de la Relación de Puestos de Trabajo) que no se han cubierto con personal de nuevo ingreso. Además, existen miles de plazas vacantes que llevan décadas sin cubrirse y la tasa de reposición (plazas de nueva creación) ha sido del 0% hasta hace poco tiempo.
Plan Iceta: No es estabilización, son despidos y precarización
Con todo ello, nos encontramos en una tesitura de que el gobierno se empecina en sacar unos procesos de estabilización mediante los cuales no se pretende estabilizar a las personas en situación de fraude, sino las plazas que ocupan. Echando trabajadores/as con muchos años de experiencia por otros que no la tienen, parece ser la solución.
Mientras, el ministro Iceta enreda en un discurso falaz, poniendo el foco en el acceso a la función pública a quienes ya están dentro y haciendo creer al común de los mortales que los principios constitucionales de acceso a la función pública son exclusivos del personal fijo y no para todo el que acceda, independientemente de su situación laboral.
Es fácil caer en la trampa del ministro, primero porque elude en sus argumentos la sanción al fraude de todos los responsables de función pública de todas las administraciones, y segundo porque rebatirle sin tener una perspectiva global del problema, como un engranaje más de la maquinaria del desmantelamiento de los Servicios Públicos, entra en el guion previsto por quienes nos están marcando el futuro.
Solo hay que desentrañar lo que propone el ministro para reducir la temporalidad abusiva, que no la temporalidad, en sus últimas declaraciones.
- Fomentar los contratos temporales por acumulación de tareas, sin que exceda de los tres años para que el trabajador/as no entre en fraude de ley. Pasado ese tiempo se les echa a la calle.
- Una vez cesado el trabajador/a temporal, si su plaza no es ofertada en el plazo de un año, se amortiza (desaparece de la RPT)
- Incorporación la figura del becario precario como medida para reducir el desempleo juvenil.
- Propuestas para “modernizar” el acceso a la función pública, una vez se haya cesado a todo el personal temporal, incorporando los principios que rigen en el sector privado, como la competitividad y el individualismo, dejando obsoleta la vocación de servicio público.
Solo con estas medidas que ya ha adelantado el Ministro, se puede atisbar las consecuencias que va a tener el personal afectado, condenándolo a la exclusión social, además de perjudicar gravemente el mantenimiento de los Servicios Públicos.
Y lo público y los/as parados/as. ¿Así crea empleo el gobierno?
El encaje de nuestro conflicto en el contexto actual de crisis por la pandemia del Covid, ha acelerado los planes previstos de desmantelamiento de los Servicios Públicos. Hasta ahora, la reducción paulatina del gasto público de ámbito social (Educación, Sanidad, Vivienda, Transporte, Dependencia etc) en el Capítulo I de los Presupuestos Generales del Estado, ha sido una constante. Las privatizaciones y recortes de los últimos años son un ejemplo de ello. En cambio, la parte de ese gasto público que cumple una función coercitiva como son las FFSS y las prisiones, no solo ha aumentado, sino que su personal está especialmente mimado para evitar cualquier conflictividad laboral. Es curioso, que el aumento del gasto público destinado a la función coercitiva del Estado es directamente proporcional al aumento de subvenciones de los sindicatos mayoritarios cuya función es la desmovilización y la desmoralización de la clase trabajadora ante los embistes de los gestores de los grandes capitales.
Si se encajan todas las piezas, el puzle que se plantea, es que la reducción de la tasa de temporalidad de la Administración tiene que ajustarse al principal condicionante para recibir los fondos europeos; la reducción del gasto público social. Los planes de recuperación y resilencia, no están destinados a fortalecer el bienestar de la ciudadanía a través de los Servicios Públicos, sino a recuperar las pérdidas empresariales tras la crisis. La Administración como nuevo ámbito de inversión privado es muy jugosa para la patronal desde hace mucho tiempo.
Pero la ruindad de los gestores de lo público no queda ahí. Después de destruir cientos de miles de puestos de trabajo que se quedaban vacantes por jubilación, ofrecen a concurso público las plazas ya ocupadas por personal en fraude en vez de puestos vacantes o de nueva creación. Y en esta vorágine, los de siempre, sacan tajada.
La formación para el acceso a la función pública es un negocio millonario. Tanto sindicatos mayoritarios como los/as preparadores/as para los puestos técnicos –muchos de ellos/as cobrando en B- son los principales protagonistas de los mayores negocios que se han montado a costa de lo público, que no solo les aportan ingentes beneficios, sino que también les permite afianzar su clientelismo dentro de la Administración. Tanto unos como otros han mirado para otro lado cuando se ha destruido empleo, convirtiéndose en cómplices del desmantelamiento de los Servicios Públicos.
¿Cómo se puede explicar esta situación en un país con una tasa estructural de paro de 4 millones de desempleados/as que se vaya a aumentar a casi un millón más? ¿No se le debería exigir responsabilidades a todos los titulares de función pública, que teniendo en su mano la posibilidad de crear empleo nuevo de verdad para reducir esa tasa de paro estructural y no lo hayan hecho, pretendan seguir adelante con unos procesos de estabilización que están destinados a incrementar las colas del SEPE?
No lo podemos permitir. Entre todos y todas tenemos parar esta masacre. ¡¡¡SAL A LA CALLE Y LUCHA!!!!
#FijezaYa
LOS SERVICIOS PÚBLICOS NO SE VENDEN, SE DEFIENDEN
Porque se puede y se debe crear empleo
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