Sira Rego explica en rueda de prensa que “se trataría de un impuesto negativo, es decir, desgravando cada mes en función de los ingresos de cada hogar”, una medida “realista y que afectaría muy directamente a la economía de las familias”
La portavoz federal de Izquierda Unida, Sira Rego, ha alertado hoy sobre la “situación angustiosa” por la que atraviesan “muchas personas trabajadoras en nuestro país y en toda Europa”, tras la elevada subida de los tipos de interés impuesta por el Banco Central Europeo (BCE) y la subsiguiente subida del euribor, que lleva a que “cerca de cuatro millones de familias vayan a pagar casi un tercio más de hipoteca”, y esto por el momento. A ello hay que sumarle otros datos negativos como “la pérdida del 4,5% del poder adquisitivo de los salarios, según los datos de la OCDE” o que sigan aumentando los beneficios extraordinarios tanto de la Banca como de las grandes compañías del oligopolio de la energía.
Ante una situación tan grave, Rego ha adelantado esta mañana en su tradicional rueda de prensa de los lunes que “desde Izquierda Unida vamos a llevar esta misma semana para trabajar en el seno del grupo parlamentario una iniciativa para que parte de esos beneficios extraordinarios sirvan para aliviar directamente a los hogares que tienen hipotecas”.
Además de ello, Rego se felicitó porque “el Gobierno está tomando afortunadamente cartas en el asunto para tratar de aliviar la carga de las familias y de los sectores más vulnerables”. Tachó de “muy oportuna” la iniciativa puesta en marcha por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, junto al ministro de Consumo y máximo responsable de IU, Alberto Garzón, “planteando una cesta de alimentos básicos a precios asequibles. Es una manera de proteger a las personas y las familias más vulnerables”.
Valoró también como “importante y muy positiva” la proposición de ley que registraron conjuntamente antes del verano Unidas Podemos y el PSOE y que mañana por la tarde se empieza a tramitar en el Congreso “para aplicar un impuesto a los beneficios extraordinarios de la Banca y de las empresas del sector oligopólico energético”.
La iniciativa atiende al complicado nombre de ‘Proposición de Ley para el establecimiento de gravámenes temporales energéticos y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito” y Sira Rego espera que sea mucho menos complejo que mañana cuente con el respaldo suficiente para que sea tomada en consideración.
También en relación a la energía, apuntó que “mañana esperamos que por fin la Comisión Europea aclare cuál es su plan para intervenir el mercado eléctrico y el control de los precios”. Recordó que “hasta ahora solo tenemos titulares, uno de ellos especialmente inquietante, que habla de la inyección de liquidez en los mercados de futuros”.
“Esto significa -aclaró- inyectar dinero público para salvar a los especuladores del mercado energético, algo que no es muy buena noticia en estos momentos. Los recursos públicos deben ir a atender las necesidades de las personas y familias trabajadoras más vulnerables, así como de los sectores estratégicos de la economía, no para blindar y proteger operaciones especulativas que, además, incrementan y generan más burbuja”.
Además, de incluir entre ellas alguna cuya puesta en marcha ya se contempla, como el impuesto a los beneficios extraordinarios a las grandes compañías “ya que el oligopolio energético ha estado haciendo su agosto todos estos meses a pesar de lo complicada de la situación para las familias”, otras aún no tienen la atención que merecen, mucho más en una crisis “donde está habiendo grandes ganadores y hay que ponerles coto de una vez”.
Así, resumió entre estas propuestas la de “incentivar la intervención y el control público del mercado de la energía” y una “necesaria auditoría de costes energéticos”, porque “no sabemos cuánto cuesta realmente producir la energía, no hay ningún tipo de control, y no sabemos si la fijación de precios en el mercado es realista o no”.
En este sentido, apuntó que “se debe modificar el reglamento de la Unión Europea que blinda la opacidad de los contratos de las operadoras energéticas. Sabemos cuánto pagamos por la energía, pero no cuánto les cuesta a las operadoras adquirirla porque están blindadas por ley para no dar esta información. No sabemos cuál es la dimensión de la burbuja especulativa que hay en el mercado de la energía”.
En su enumeración de medidas, incluyó “un plan de ahorro justo en función de los territorios y de los sectores económicos estratégicos. Esto debe tener una planificación democrática pública para que se haga con justicia y criterios eficientes”.
“Necesitamos -añadió- una empresa pública de generación de energías renovables y de comercialización. Ahí está Unosa, que perfectamente podría hacerse cargo con una pequeña modificación de estatutos de este nuevo rol que es imprescindible en estos momentos”.
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