El Presidente de la Asociación Europa Laica, Juanjo Picó, tuvo ocasión de desgranar las ideas básicas de lo que significa el laicismo en nuestra sociedad y en nuestras instituciones.
La conferencia, organizada por Izquierda Unida de Ávila estuvo enfocada a la explicación didáctica del significado de “laicidad” y su transposición práctica.
Partiendo del análisis de la plasmación de este concepto en la Constitución Española, que en su artículo 16 proclama que “ninguna confesión tendrá carácter estatal” defendió el conferenciante la atadura que supone la permanencia de los “acuerdos con la Santa Sede”, que amarran la acción de los gobiernos a la hora de establecer legislación más acorde con ese principio constitucional. Estos acuerdos, firmados 5 días después de la aprobación en referéndum del texto constitucional ya nos indican que la declaración de aconfesionalidad venía negociada en paralelo con la voluntad de trabarla en su desarrollo.
Laicidad fue definida por Juanjo Picó como “una forma de organizar la convivencia entre diferentes en un plano de igualdad”. No es un valor moral ni de creencia, es un valor democrático. Un estado no puede ser ateo, como no puede ser creyente. Esos son valores del individuo, de su ámbito privado.
Resaltó en su intervención que la sociedad española en la actualidad es una sociedad secularizada en muy alta proporción (tan solo un 5% de los españoles y españolas tienen práctica religiosa una vez a la semana) mientras la participación de una creencia religiosa, cristiana católica, en los mecanismos del poder político y, sobre todo, económico es muy superior. Recibe, de una u otra forma, una inyección económica de 12.000.000.000€ del dinero público puesto en sus manos.
La asociación que preside defiende la desaparición de las casillas en la declaración de la renta que destinan parte de los impuestos a la iglesia Católica y a otros fines sociales. Los servicios a los ciudadanos son una obligación del estado y éste no debe delegarlo en iglesias u ONGs. Por esa razón abogan por no marcar ninguna de las dos casillas.
Entre otras, resaltó algunas situaciones que vulneran la laicidad del estado:
El que representantes políticos participen, como tales representantes, en actos religiosos.
El que representantes religiosos participen en actos civiles.
El ridículo nombramiento honorífico a imágenes, santos o vírgenes por su contribución a la sociedad.
La permisividad de las inmatriculaciones de patrimonio público en beneficio de la iglesia católica.
La inclusión de la enseñanza de la religión en el sistema educativo.
Como resumen defendió que el laicismo no es una creencia, sino un valor democrático y, como tal, no es cuestión de mayorías o minorías y que se hace necesario redactar una lei de libertad de conciencia y no una ley de libertad religiosa.
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